Urbanismo

El Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón a un ayuntamiento en una disputa sobre quién debe asumir los gastos de construir y derribar unas obras realizadas sin licencia. La clave está en que conseguir el permiso después de haberlas ejecutado no permite reclamar esos costes a la Administración si esa autorización acaba siendo anulada.  

El caso comienza cuando una propietaria obtiene una licencia municipal para reformar y ampliar su vivienda unifamiliar. Una primera parte de los trabajos se realiza con ese permiso, pero después introduce cambios en el proyecto y los construye sin pedir antes la autorización correspondiente. El ayuntamiento abre un expediente para restablecer la legalidad y, más adelante, concede una licencia que legaliza esas modificaciones. Sin embargo, los tribunales terminan anulando tanto las licencias iniciales como las de legalización, y la edificación acaba siendo demolida. La propietaria reclama entonces los gastos de construcción y derribo.

Los tribunales de primera y segunda instancia aceptaron incluir en la indemnización las modificaciones construidas sin permiso y legalizadas posteriormente. La propietaria defendía que esa autorización posterior debía producir efectos equivalentes a los de una licencia concedida antes de empezar. El ayuntamiento, en cambio, sostenía que no debía pagar por unas obras que ya estaban hechas cuando se autorizaron.

El TS comparte la postura municipal. Su explicación es que el permiso posterior no convierte a la Administración en responsable de los gastos de unas obras ejecutadas previamente sin autorización. Tampoco permite justificar que se construyó confiando en una licencia que todavía no existía. Salvo circunstancias excepcionales, quien empieza a construir sin el permiso obligatorio debe asumir las consecuencias, aunque después consiga regularizar la obra.

Eso no significa que la propietaria pierda toda la indemnización. Se mantienen los daños correspondientes a las obras realizadas con las licencias iniciales y a las modificaciones autorizadas antes de ejecutarse. Quedan fuera, en cambio, los gastos de construir y demoler los cambios realizados sin licencia previa. La diferencia decisiva es, por tanto, si el permiso existía cuando se hicieron los trabajos.